El objetivo de esta política es:
Este enfoque no tiene precedentes en Estados multilingües y ni siquiera en organizaciones internacionales.
El principio se consagra en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: todo ciudadano de la UE tiene derecho a utilizar cualquiera de las 24 lenguas oficiales para dirigirse a las instituciones de la UE, y estas tienen la obligación de contestar en la misma lengua.