La accesibilidad universal, entendida como la condición previa necesaria para facilitar la vida autónoma e independiente de las personas así como su participación social y económica plena, se ha configurado en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho básico que garantiza la no discriminación en el acceso a entornos por razones discapacidad o características funcionales.

Promover el libre acceso a los entornos, bienes y servicios de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la población se plantea actualmente como uno de los retos principales de las políticas públicas.

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