| Nombre de la Titulación | Graduado/a en Derecho |
| Nº de créditos ECTS/años | 240 créditos / 4 años |
| Duración en años | Cuatro |
| Tipo de enseñanza de que se trata | Enseñanza presencial |
| Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas | 140 |
| Número mínimo de créditos de matriculación | 24 |
| Centro y lugar en la que se imparte | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales |
| Código del título | 2501319 |
| Nivel académico | Grado |
| Rama | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| F. Consejo Ministros | 16/07/2010 |
| Publicación en BOE | BOE 14/08/2010  |
| Publicación del Plan de Estudios | BOE 20/09/2010 |
| URL del título en el RUCT | Enlace  |
| Curso académico de implantación del título | 2009/2010 |
| Número de cursos en fase de implantación | 1º, 2º, 3º y 4º |
| Lenguas utilizadas en la impartición del título | Español y, en alguna asignatura concreta, francés o inglés |
| Normas de permanencia | Descargar |
La Facultad de Derecho fue creada por Real Decreto 1807/1980, de 29 de agosto, siendo su antecedente inmediato el Colegio Universitario de Derecho creado y adscrito, primero, a la Universidad de Sevilla por Decreto 2746/1971, de 14 de octubre, y posteriormente, a la Universidad de Córdoba por Decreto 480/1973, de 8 de enero.
A lo largo de estos más de 35 años, además del plan de estudios de la Universidad de Sevilla, dos han sido los planes de estudio que han regido la impartición del título de Licenciado en Derecho en la Universidad de Córdoba.
En primer lugar, el plan de estudios aprobado mediante Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 4 de noviembre de 1981 (BOE nº 308, de 25 de diciembre de 1981). Más tarde, para adaptar ese plan a los cambios normativos, se aprobó un nuevo plan de estudios que fue publicado en el BOE nº 31 de 5 de febrero de 2003 (Resolución de 20 de diciembre de 2002, de la Universidad de Córdoba, por la que se hace pública la adaptación del plan de estudios de Licenciado en Derecho). El nuevo plan mantenía una estructura en cinco años. Este plan de estudios con diversas modificaciones realizadas en el año 2003 (Resolución de 26 de junio de 2003, de la Universidad de Córdoba, por la que se modifica la de 20 de diciembre de 2002, por la que se hace pública la adaptación del plan de estudios de Licenciado en Derecho, BOE nº 175, de 23 de julio de 2003) y 2007 (Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Universidad de Córdoba, por la que se modifica el plan de estudios de Licenciado en Derecho, BOE nº 90, de 14 de abril de 2007) es el correspondiente a la licenciatura aún vigente en determinados cursos.
Por otra parte, desde el curso académico 2001/2002, la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba amplió la oferta de estudios, con la titulación de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Igualmente, ofrece una ordenación conjunta de las titulaciones en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Se trata de una oferta complementaria, que ha posibilitado consolidar la estructura de la Facultad, tanto en términos de recursos, como de estudiantes. Además, el hecho de compartir profesorado entre los diversos estudios, ha permitido compartir y extrapolar experiencias de innovación docente. Para hacer visible esta nueva realidad, la Facultad de Derecho cambia su denominación por la de Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales en el año 2007.
Sólo en los diez últimos cursos académicos han finalizado los estudios de Licenciado en Derecho más de 2.000 estudiantes. Entendemos que esa cifra demuestra claramente que el Grado que actualmente se oferta es un paso más en unos estudios manifiestamente consolidados en la Universidad de Córdoba y que se trata de un proyecto claramente sostenible en el tiempo. En este sentido, se recogen como muestra las cifras de matriculaciones de nuevo ingreso en los 5 últimos cursos en los que se ofertó la licenciatura, donde se puede observar que los estudios de Derecho mantienen un interés creciente para el/la estudiante:
Además, a estas cifras hay que añadir la de aquellos estudiantes que se matriculan en la ordenación académica conjunta de las titulaciones de Derecho y Administración y Dirección de Empresas:
El interés académico y científico de los estudios universitarios en Derecho está más que probado históricamente. Tal y como ha expuesto Rodríguez-San Pedro, Director del Centro de Historia Universitaria Alfonso IX de la Universidad de Salamanca (“Origen y evolución de la Universidad en España. El marco medieval. Origen y consolidaciones”, http://universidades.universia.es, visitado el 1-12-2008), la institución universitaria es hija de la Cristiandad europea medieval y se vincula al renacimiento urbano de sus etapas finales. En esa línea, sitúa en el Siglo XIII el establecimiento de las primeras universidades ibéricas y añade que esas primeras universidades “estuvieron orientadas preferentemente hacia los estudios jurídicos (cánones y leyes civiles) y las necesidades burocráticas de la Iglesia, la administración del Estado y los oficios reales. El modelo más cercano fue, por ello, el de Bolonia, con destacada importancia de la corporación de estudiantes y predominio del derecho”. Es indudable que ese interés académico y científico de los estudios en Derecho ha pervivido a lo largo de todos esos siglos y goza hoy en día de la misma o mayor relevancia. El Derecho es un instrumento clave para la convivencia en nuestra sociedad y por este motivo la formación de futuros juristas y la investigación en esa rama del conocimiento resulta imprescindible. Más aún, en muchas ocasiones, el Derecho es también un motor de cambio social y esos principios generales de respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, de accesibilidad universal, etc., que, según el art. 3 del Real Decreto 1393/2007, deben inspirar el diseño de todos los nuevos planes de estudio, no serían nada sin una rama del conocimiento que les diera el respaldo académico y científico necesario.
Además, el Derecho se ha convertido en una pieza clave de otros estudios universitarios de carácter multidisciplinar que son, en su caso, los que necesitarían probar ese interés académico y científico. En este sentido, el título de grado en Derecho elaborado en el marco de la II Convocatoria para el Diseño de Planes de Estudio y Títulos de Grado realizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Desde el punto de vista del mercado laboral, es evidente que el gran peso del sector terciario en nuestro entorno más próximo repercute en el perfil de los profesionales que demanda el mercado. El ejercicio profesional vinculado a profesiones jurídicas, los servicios de asesoramiento empresarial, banca y finanzas, así como administración pública, han sido algunos de los principales campos de creación de puestos de trabajo. En este contexto, conviene resaltar la necesidad de formar expertos jurídicos que puedan satisfacer la demanda de este segmento del mercado profesional, en sus más diversas variantes: abogados, asesores mercantiles, asesores tributarios, asesores laborales, profesionales de la banca, de los seguros, funcionarios de la administración pública, etc. Y a la hora de afrontar estas necesidades de formación, el Grado en Derecho que se imparte en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba debe jugar un papel fundamental. Por un lado, la reducción de los estudios de Grado a 4 años, y el cambio de enfoque en el sistema de enseñanza, que junto a la formación en conocimiento potencia el desarrollo de competencias y habilidades de contenido eminentemente práctico, debe permitir formar profesionales jurídicos que puedan cubrir la oferta más generalista, desde el punto de vista jurídico, del mercado de trabajo (empleados de banca; funcionarios de determinados cuerpos y niveles; gestorías administrativas; agencias inmobiliarias; administración de fincas, seguros, etc.). No obstante, los estudios de Grado, también deben surtir al mercado de profesionales jurídicamente más especializados, preparados para cubrir aquellos sectores para los que las normas de acceso a las respectivas profesiones establecen como requisito mínimo la condición de graduado/a.
Como área de influencia más directa de la Universidad de Córdoba, la provincia de Córdoba cuenta con dos Colegios de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba y el Ilustre Colegio de Abogados de Lucena. Existe un Colegio de Procuradores que cubre toda la provincia; y 12 partidos judiciales. Asimismo, la Universidad de Córdoba, a propuesta de la Facultad, ha firmado convenios para la realización de prácticas jurídicas externas por parte de los actuales estudiantes con numerosas instituciones públicas y privadas. Esta colaboración no es nueva, sino que es el resultado del esfuerzo desarrollado en cursos anteriores por los sucesivos equipos de gobierno de la Facultad.
Aparte de la vinculación con otros Grados impartidos dentro de la Universidad de Córdoba que poseen un elevado contenido jurídico (Grado de Administración y Dirección de Empresas o Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos), el Grado de Derecho guarda afinidad especialmente con el Máster en Derecho Autonómico y Local, así como con el Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de empresas y el Máster en Políticas Territoriales de Empleo. También es preciso destacar el Máster en Formación de Profesorado de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
De acuerdo con las Conclusiones de la Asamblea de Decanos/as de las Facultades de Derecho españolas, reunida en Córdoba los días 25 y 26 de Octubre de 2007, las Facultades de Derecho deben cumplir un papel fundamental en la formación continua y permanente de todo jurista. En este sentido, un primer objetivo general que persigue el Grado en Derecho consiste en asegurar que todos los graduados/as tengan un conocimiento adecuado de las instituciones jurídicas, como garantía de desarrollo de un Estado social y democrático de Derecho, y ello teniendo en cuenta el respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, la no discriminación de personas con discapacidad y la cultura de paz y de valores democráticos. Todo ello, en el marco establecido por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en Andalucía. Además, debe tenerse en cuenta que el estudio, conocimiento y aplicación práctica de estos principios y valores se incluyen expresamente en buena parte de las asignaturas incluidas en este Plan de Estudios.
La gran diversidad de profesiones jurídicas, tanto en sus vertientes públicas como privadas, imposibilita que en los cuatro cursos de Grado pueda darse a los graduados una formación técnica suficientemente especializada que les permita acceder directamente al ejercicio de ciertas profesiones. Por ello, la misma Asamblea de Decanos/as acordó unánimemente manifestar que “la capacitación de las profesiones que exijan una cualificación jurídica adicional a la del Grado en Derecho requerirá, para el correcto cumplimiento de sus funciones, la obtención del correspondiente título oficial de máster que prepare y habilite como condición para el acceso de dichas profesiones”. Por esta razón, el Grado en Derecho que se presenta tiene, como segundo objetivo, una orientación generalista, que deberá ser complementada por los futuros graduados mediante los correspondientes títulos de máster y, en su caso, la superación de los requisitos legales o reglamentarios de acceso a las profesiones jurídicas que correspondan (ejercicio de la abogacía, judicatura, notarías, registros, función pública, etc.).
Sin embargo, esa vocación generalista del título de Grado es perfectamente compatible con la orientación práctica, tanto en relación con los conocimientos impartidos, como en relación con las competencias y habilidades que los graduados deberán adquirir. A este respecto, merece la pena detenerse un momento en alguna de las reflexiones que se pueden encontrar en el conocido como Informe Reflex. Éste es un Informe elaborado en el marco del proyecto de investigación titulado "El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento: Nuevas Exigencias en la Educación Superior en Europa", dentro del 6º Programa Marco de la Unión Europea y que analizaba la inserción laboral de los titulados universitarios (puede consultarse en http://www.aneca.es/estudios/estu_informes.asp). Según este informe, una de las principales características del sistema universitario español es que todavía se basa en un sistema de enseñanza eminentemente teórica, con niveles bajos de enseñanza práctica, en comparación con otros países europeos. De acuerdo con el citado Informe, “la valoración tan baja del aprendizaje basado en problemas en dos áreas en las que parece que el resolver problemas es esencial (Derecho y Salud), es llamativo” (Reflex. Informe Ejecutivo, págs.. 19, 21). En la misma línea, el Libro Blanco del Título de Grado en Derecho publicado por la ANECA concluye que “las experiencias y habilidades adquiridas en la Universidad son percibidas como un factor más importante en el desarrollo profesional que tener un título o tener la carrera de Derecho” (p. 87) y destaca la “demanda abrumadora (65 % de los encuestados) de unas ‘clases más prácticas’” (p. 87), así como los resultados de las encuestas de la Orden ECI/3008/2007 recogidos más arriba.
En este sentido, como tercer objetivo, el nuevo Plan de Estudios del Título oficial de Graduado/a en Derecho por la Universidad de Córdoba prevé una consolidación e incremento de las actividades prácticas de aprendizaje, con el fin de potenciar la adquisición de aquellas competencias y habilidades que requiere el mercado de trabajo a los profesionales del Derecho. En definitiva, un objetivo básico del Grado consiste en dotar a los estudiantes de los conocimientos y de las competencias necesarias para afrontar, con solvencia, el cumplimiento del núcleo esencial de las funciones que un jurista está llamado a cumplir y, en cualquier caso, en facilitarles las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Finalmente, el cuarto y último objetivo, íntimamente relacionado con el anterior, es formar graduados/as con las habilidades necesarias para adaptarse a unas realidades sociales y un ordenamiento jurídico cambiantes, incluyendo la propia capacidad de emprendimiento.
Por tanto, en síntesis, los cuatro objetivos propuestos son los siguientes:
© Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales
