SALA DE PRENSA DE CORPORACIÓN

AGUILAR. El salón de plenos del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera acogerá mañana, viernes, la firma por la que quedará constituida la sociedad que se encargará de gestionar el Parque Agroalimentario que la Junta decidió ubicar en el municipio. En el acto participarán Manuel Sánchez, consejero delegado de la empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero (Dap); Francisco Pulido, presidente de la Diputación; Francisco Paniagua, alcalde de Aguilar, y José Manuel Roldán, rector de la Universidad de Córdoba (UCO).

La nueva sociedad nace con un capital social inicial de 94.000 euros. Mientras que las tres administraciones públicas participantes han aportado 30.000 euros cada una, la UCO destinó 4.000 a esta finalidad.

Reparto de representantes

En el mismo acto también quedará constituido el consejo de administración de la sociedad, que contará con siete consejeros. Seis de ellos se repartirán a partes iguales la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, mientras que la UCO contará con un representante.

La sociedad, aunque en principio sólo esté conformada por entidades públicas, tendrá carácter mixto y en el futuro es más que previsible una ampliación de capital para dar entrada a la iniciativa privada y a alguna entidad financiera.

Por el momento, se desconoce el modo de gestión que seguirá en su desarrollo la sociedad, puesto que será algo a decidir en las primeras sesiones de trabajo del consejo de administración. Lo que sí está claro es que será la entidad que se encargue de todos los trámites necesarios para poner en marcha el ambicioso proyecto del Parque Agroalimentario.

Así, entre otros, deberá de llevar a cabo el plan parcial y los proyectos urbanísticos para los terrenos en los que se situará el parque, ubicados en la conexión Aguilar Sur de la autovía A-45.

Como avanzó ABC, la modificación de las normas de planeamiento que permitan la urbanización de los terrenos está pendiente del informe preceptivo del Ministerio de Fomento, así como la declaración definitiva de impacto ambiental que debe emitir la Consejería de Medio Ambiente. En unos tres meses, Obras Públicas podría aprobar con carácter definitivo esta modificación.