|
General
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE, n. 285, de 27 de noviembre).
- Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE, n. 12, de 14 de enero).
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. (BOE, n. 298, de 14 de diciembre).
Específica
- Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano. (BOE, n. 55, de 4 de marzo).
- Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas, electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado. (BOE, n. 52, de 29 de febrero).
- Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro. (BOE, n. 122, de 22 de mayo).
- Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. (BOE, n. 313, de 31 de diciembre).
- Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (BOE, n. 313, de 31 de diciembre).
- Real Decreto 209/2003, de 21 de marzo, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. (BOE, n. 51, de 28 de febrero).
- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. (BOE, n. 304, de 20 de diciembre).
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. (BOE, n. 150, de 23 de junio).
|
