SOBRE LA CONVOCATORIA DE OFERTA PÚBLICA DE BIBLIOTECA Y OTRAS DE PAS L

En los últimos meses los representantes de CCOO podemos parecer no solo reivindicativos -que es nuestra obligación- sino beligerantes, y lo estamos.

Nos parece intolerable la continua actitud de la Gerencia y del propio Rector totalmente ajena al respeto que deben tener a los representantes legítimos de los trabajadores.

Escritos registrados sin respuesta ya sea en solitario desde CCOO o conjunto con otras organizaciones sindicales, o solicitudes de convocatoria de Mesa General de Negociación igualmente incontestadas, es la única comunicación que hay por el momento con la Universidad, nada.

Como ejemplo, SOLO VAMOS A REFERIRNOS EN ESTE COMUNICADO a la convocatoria de OPE de Técnico Especialista de Biblioteca (TEB), que es el modelo que tienen y tendrán otras (como la de Técnico Auxiliar de Laboratorio publicada ayer en BOE), mientras no sea modificado el nefasto Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo del PAS Laboral, en contra del que votamos algunos delegados de CCOO en su momento.

Pues en el Reglamento citado y en la propia convocatoria, entre otras cosas, dice lo que sigue:

Solamente  se  computará  la  experiencia  profesional  que  se acredite mediante  la aportación de documentos que concreten suficientemente las funciones desempeñadas: contrato  de  trabajo, certificado  de funciones acorde al contrato de trabajo expedido por la  empresa,  en  el  que  se  haga  constar  la  antigüedad  y el tipo de actividad y funciones desempeñadas, informe actualizado de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social y, en el caso de ser empleados públicos, la hoja de servicios y certificado actualizado del Organismo en el que se haga constar la antigüedad y el tipo de actividad y funciones realizadas.

La ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece en el artículo 28.2 que "los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier administración…”

Estamos hablando del ámbito de la administración, más aún estamos hablando de la Administración en la propia Universidad de Córdoba.

Y en este caso, debería bastar con la hoja de servicios que acredita el trabajo en el área de bibliotecas en una categoría acogida a Convenio.

El Párrafo aludido de la convocatoria crea inseguridad jurídica para los opositores y coloca en una situación que no les corresponde a las personas que ostentan una responsabilidad o dirección de servicio: acreditar algo que ya está en poder de la administración, la Universidad de Córdoba.

Y además someterá a la arbitrariedad del tribunal decidir qué certificados valen y cuáles no en virtud de qué actividad y cuántas funciones son coincidentes con las que tiene que desempeñar un técnico especialista de biblioteca que, para mayor complicación, no vienen perfectamente precisadas en el convenio.

Y continuando con esta acreditación que exige la convocatoria: En la OPE de TEB (Biblioteca) hay una dirección única, pero en cuanto a la convocatoria de Técnicos Auxiliares de Laboratorio (TAL), ¿quién acredita “la actividad y funciones realizadas”? ¿El Director de cada Departamento?

A los tribunales de Oposiciones hay que dotarlos de documentos ciertos, inequívocos y sometidos a la legalidad, y esto no es lo que se promueve en ambas convocatorias.

Al respecto de dicha convocatoria de Biblioteca, y para no extendernos más, comentamos también brevemente lo siguiente: De dónde ha sacado la Universidad el temario específico, por qué no se ha aplicado el acuerdo sobre consolidación en lo que respecta al 40% para la fase de Concurso, o qué hay del curso tal y como se ha organizado para otro personal funcionario y/o laboral. Estas cuestiones se han trasladado a la Universidad y no tenemos respuesta por su parte.

Lo deseable para todos, la Comunidad Universitaria en su conjunto, la propia Institución y, por supuesto, el Personal, es lo que se denomina "PAZ SOCIAL", pero ahora no la hay, sinceramente.

Hacemos un llamamiento a la Gerencia y al Rector para normalizar las relaciones con los representantes legítimos de los trabajadores, porque cualquier otra posibilidad acabaría en judicialización de los temas, que no es deseable para nadie.