Este decreto supuso un cambio en el sistema de precios públicos, permitiendo a las autonomías establecer la parte del coste educativo que asume directamente el estudiante en base a unas horquillas. Así, en primera matrícula el crédito se puede posicionar entre el 15 y el 25 % del coste real que supone impartir un grado, variable que puede alcanzar hasta el 100 % a partir de la cuarta matrícula.

Tras su aprobación, cada comunidad fijó su reparto de la carga económica, generando un aumento generalizado así como un sistema de precios dispar, que puede hasta triplicar el coste de una región a otra.

Andalucía, entre las comunidades con los precios más bajos y sin distinción por rama de conocimiento, apuesta en su nuevo decreto por volver a una etapa previa a las medidas de racionalización del gasto educativo.

Para ello, el borrador propone mantener el precio de grado en el mínimo de la horquilla (12,62 euros, igual al pasado curso), que supone apenas 42 céntimos más que durante el curso 2011/2012.

El precio de los másteres espera descender en torno a un 16,5 %, lo que permitiría el próximo curso reducir al mínimo la distancia que separa el precio de un grado y el de un máster que habilite para el ejercicio de una profesión regulada (13,68 euros frente a los 16,41 del pasado año). También situará los másteres no habilitantes a niveles cercanos previos al decreto 14/2012 (en concreto 29,57 euros, un euro más caro que en 2011).

Este ajuste se debe, principalmente, a dos factores. Por un lado, a un aumento de matriculados en este tipo de formación, derivado de un mayor número de graduados de las primeras promociones del Plan Bolonia, así como a una revisión del mapa de titulaciones. Por otro lado, gracias a las medidas de gestión eficiente, ahorro e inversión llevadas a cabo por las diez universidades públicas andaluzas en los últimos años.

Valorar el esfuerzo

El borrador de decreto andaluz refuerza las medidas para poner en valor el esfuerzo de los universitarios, fijando nuevas medidas de exenciones de pago. Así, a las vigentes este curso (por Matrícula de Honor en Bachillerato, Formación Profesional de Grado Superior o durante la carrera, Premio Extraordinario de Bachillerato o FP, medallas de oro en olimpiadas científicas, etc.) se suma el caso de Premio Extraordinario de Fin de Grado, que otorgará el derecho a la exención total de precios durante el primer curso de otro título oficial.

Por otra parte, se prevé la reducción de hasta el 70% del coste del crédito para aquellos estudiantes que superen una materia en convocatoria extraordinaria (generalmente en el mes de diciembre) sin haber recibido docencia, o solo haberlo hecho parcialmente.

Con esta medida, el Gobierno andaluz recompensa el esfuerzo ayudando al estudiante a soportar el incremento de precio que el decreto 14/2012 establece a partir de la segunda matrícula.

Además, otra de las novedades que incorporaría el decreto afecta al sistema de fraccionamiento de pagos introducido en el presente curso académico. En este sentido, el CAU ha mostrado su consenso en ampliar de 5 a 8 los plazos en los que se puede abonar la matrícula, así como de no ceñir esta posibilidad a aquellos que cumplan los requisitos económicos de las becas de carácter general y movilidad del ministerio.

Orden del día

Entre los puntos del orden del día, el Pleno de Consejo Andaluz de Universidades ha dado su informe favorable a la orden que regula el importe de las ayudas del Gobierno andaluz a los estudiantes Erasmus, cuyas cuantías se mantienen similares a las de años anteriores. Del mismo modo, ha conocido la propuesta anual del profesorado emérito de las universidades públicas, algo más de 70 de cara al próximo curso 2015/2016.

El Pleno del Consejo Andaluz de Universidades es un órgano que reúne a la Administración autonómica junto a los rectores, los presidentes de los consejos sociales, el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, representantes de los estudiantes, así como cinco miembros designados por el Parlamento de Andalucía. Entre sus funciones están la emisión de informes para la implantación, suspensión y supresión de títulos oficiales.

Tras el informe favorable se cumple el último paso para la tramitación del decreto de precios y títulos por parte del Consejo de Gobierno.