Manifiesto día internacional de la mujer 8.Marzo.2013

No hace mucho tiempo, pensábamos que algún día alcanzaríamos la igualdad real porque ya se nos había reconocido, al menos formalmente, a través de diferentes leyes y políticas específicas.

La línea entre la igualdad real y formal se empezaba a estrechar. Sin embargo, a lo largo de últimos años hemos comprobado cómo se vuelve a distanciar, que los avances fueron un espejismo y que aún disponiendo de abundante legislación y organismos dedicados a promover las políticas de igualdad, no se ha llegado a alcanzar el objetivo fundamental: "Que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades".

Se está distanciando tanto la igualdad real de la formal, que solo llegando a instancias judiciales, por cierto casi siempre europeas, se pone fin a los atropellos que se producen en materia de igualdad.

Una de los aspectos que vemos con mayor preocupación es la recién estrenada Ley de Tasas. Si la estrategia de este Gobierno, consiste en denegar lo ya reconocido por la ley, para desviar el asunto a los juzgados, nos encontraremos claramente indefensas. El efecto recaudatorio de la norma es muy atractivo, teniendo en cuenta la situación de las arcas del Estado, sin embargo entendemos que produce un efecto disuasorio muy perverso.

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MANIFIESTO 1 DE MAYO: IGUALDAD + DIGNIDAD LABORAL y un sindicalismo que te represente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, celebra el 1º de Mayo con un llamamiento a las diferentes organizaciones políticas a que aporten soluciones que permitan avanzar hacia la recuperación económica real, un reparto justo de los esfuerzos y devolver a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a la posición que les corresponde en materia de bienestar, igualdad entre hombres y mujeres, justicia social y empleo, tras años de sacrificios.

Este 1º de mayo tiene carácter excepcional porque coincide con la celebración de las Elecciones Generales y por tanto las diferentes formaciones políticas deben ofrecer a la sociedad sus propuestas ante los retos sociales y económicos de España.

Nos encontramos en un momento crucial. Durante los últimos tres años se han mejorado las cifras de empleo, pero todavía continúan abiertas las heridas de la crisis: condiciones laborales desiguales, empobrecimiento, deterioro de los servicios públicos… Todo ello se ve agravado por una tasa de desempleo estructural que prácticamente dobla la media europea y las debilidades de nuestro tejido productivo.

Además, hace falta un empleo digno y de calidad para las mujeres, desterrando de una vez por todas las situaciones de desigualdad, discriminación en el empleo y la brecha salarial.

La conciliación de la vida laboral y familiar continúa siendo un mero anhelo, en un país con unos horarios absolutamente desbordantes. Hace falta ya un debate serio sobre la implantación de horarios racionales y de la jornada de 35 horas semanales, también como medida de creación de empleo.

La elevadísima tasa desempleo juvenil que nuevamente dobla la tasa europea es otro mal endémico de nuestro país, al que no han encontrado solución ninguno de los distintos gobiernos, creando una auténtica ruptura generacional y una pérdida de talento, que acaba en la emigración como única salida de nuestros jóvenes. Las exiguas políticas de retorno, la desregulación de la investigación y la precariedad de los contratos hacen que no sea posible encontrar empleo digno a nuestros jóvenes.

El desapego entre el mundo formativo-universitario y educacional y el empresarial no favorece la integración de la juventud en el mercado de trabajo, como tampoco favorecen las trabas a las prácticas en empresas, como modo de familiarizarse la juventud con el mundo real del trabajo. Se debe revisar la política formativa, haciéndola atractiva y compatible con el mundo empresarial, poniendo el objetivo en el acceso al empleo, sin caer en la mercantilización de la formación ni en la explotación de los trabajadores en vías formativas y de acceso al empleo.

Lamentablemente, la pluralidad de opciones políticas que tienen los españoles y las españolas no existe en el ámbito sindical. La Ley Orgánica de Libertad Sindical permanece prácticamente inalterada desde su redacción, privilegiando a unos sindicatos políticos que han perdido el contacto con la realidad. Por eso urge una reforma de esta Ley –y que reclamaremos a los diputados que salgan de las urnas— que abra la representatividad a nuevos sindicatos como CSIF en los ámbitos de negociación.

Pese a las dificultades, CSIF ha cuadriplicado su representación en el sector privado en los últimos diez años y ya estamos presentes en centenares de empresas privadas, como Michelín, Heineken, Inditex, Amazon, Coca-Cola o Atresmedia.

Y es que la sociedad demanda un modelo de sindicalismo generalista para que en España todos y todas podamos defender nuestros derechos; un sindicalismo independiente de los partidos políticos, profesional, alternativo, transparente y honesto en sus cuentas.

En el ámbito de su responsabilidad, CSIF alcanzó el pasado 28 de marzo una oferta de empleo público histórica en la Administración General del Estado, con creación neta de empleo. CSIF defenderá las demandas salariales y las mejoras de condiciones tras las elecciones, marcando una nueva agenda de mejoras: 35 horas, recuperación de la estructura salarial previa a la bajada de 2010, carrera profesional, desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y equiparación salarial.

Estas mejoras deben trasladarse a todos y cada uno de los ámbitos de nuestras Administraciones y de nuestro Estado del Bienestar (Educación, Sanidad, Pensiones…) porque en ellos reside el fundamento de los servicios que reciben nuestros ciudadanos y que debemos de mimar.

Por otra parte, pese a las contradictorias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de la contratación temporal en las Administraciones Españolas, estamos obligados a poner freno a esta problemática, que precariza el empleo en los servicios que reciben los ciudadanos.

Además debemos agilizar las Ofertas Públicas de Empleo, diseñar un plan de recursos humanos a medio plazo frente a la avalancha de jubilaciones que se van a producir en los próximos quince años y reforzar las plantillas donde sea necesario porque todavía arrastramos un déficit de 95.000 empleos desde que comenzó la crisis.

Tampoco es de recibo que no se cumpla la premisa “a igual trabajo, igual salario” ni en la empresa privada, donde han surgido nuevas formas de explotación, ni en las administraciones públicas, donde hay diferencias de hasta el 25 por ciento entre comunidades y Administración Central.

En definitiva CSIF, propone una negociación abierta, transparente que ponga sin partidismos los problemas de los trabajadores y trabajadoras sobre la mesa, de cara a una solución que produzca empleos dignos y de calidad, pues sólo sobre esta base se podrá cimentar el fortalecimiento de la economía española y de los españoles.

El TC tumba el decreto que integra las pensiones de Clases Pasivas en la Seguridad Social, atendiendo a las quejas de CSIF

El decreto aprobado por el Gobierno durante el confinamiento de manera sorpresiva ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas de funcionarios

El Tribunal Constitucional ha tumbado el Real Decreto Ley 15/2020 de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno aprovechó para integrar el régimen de Clases Pasivas a la Seguridad Social. CSIF se felicita de esta sentencia porque da la razón a los argumentos que desde el primer momento denunciamos.

El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa y el Partido Popular recurrió el decreto.

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a los argumentos de CSIF ya que, como ha quedado recogido en la sentencia, el Gobierno hizo un mal uso del Real Decreto, ya que el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad. CSIF solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas “más adelante”.

Esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas. Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2019.

CSIF insiste en pedir que PDI, PAS y PI sean grupos prioritarios en la vacunación frente a la Covid-19

  • Vacunados ya los trabajadores de la enseñanza no universitaria, nos encontramos indignados por la exclusión del personal universitario como grupo prioritario de inmunización.
  • Consideramos que se trata de una política desnortada e incomprensible al dar clases presenciales y estar en contacto directo con la franja de edad que más contagios genera.
  • La vacunación -sobre la que no hay previsión- reforzaría la actividad docente y administrativa, y aumentaría la seguridad en los campus.

Abuso de las Comisiones de Servicios en la Provisión de Puestos del PAS Funcionario en la Universidad de Córdoba.

  • LA COMISIÓN DE SERVICIOS ES UNA FIGURA QUE SE HA VICIADO EN LA UCO

En la Universidad de Córdoba tenemos un serio problema con la provisión de puestos en el PAS Funcionario, ya que se eternizan los procesos selectivos para proveer las plazas vacantes de todos los niveles en los diferentes servicios, lo que provoca que se tenga que usar la figura a la que nos referimos, la de comisión de servicios y la adscripción temporal de funciones, para cubrir las necesidades que van surgiendo en los diferentes puestos relacionados en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo).

El problema surge cuando se abusa de dicha figura, en lugar de resolver los procesos selectivos “en un período de tiempo razonable”, además de utilizarse sin cumplir con la normativa que la regula.

A continuación se muestran algunos ejemplos claros de la contradicción entre lo que se especifica en dicha normativa y lo que se hace en la UCO.

El EBEP dispone que «en caso de urgente e inaplazable necesidad los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación»

Respecto a la convocatoria pública existe jurisprudencia, como en esta sentencia del Supremo, “cuando la causa que justifica la comisión de servicios es que haya una plaza vacante cuya cobertura es urgente e inaplazable, si como medida transitoria se acuerda cubrirla en comisión de servicios -obviamente voluntaria-, la comisión de servicios debe ofertarse mediante convocatoria pública y hacerlo, en su caso, dentro del plazo que prevea el ordenamiento funcionarial respectivo”.

En la UCO no se publica porque no se realiza ninguna convocatoria ni se da información ninguna al respecto. Se elige a una persona que Gerencia cree que es idónea (o no) para cubrir el puesto vacante y se le ofrece; en ocasiones es al contrario, es el/la trabajador/a la que solicita a Gerencia ocupar dicho puesto y ésta accede (o no). Todo ello sin consultar siquiera con la Junta de Personal, que no obtiene ninguna información de estos movimientos de personal ni contesta a los escritos requiriéndole información sobre los puestos ocupados con esta figura y las razones que lo justifiquen.

La exigencia de publicidad es coherente con el principio de igualdad en el acceso al desempeño de cargos y funciones públicas, para así evitar tratos preferentes en beneficio de la carrera profesional del funcionario comisionado.

En el Reglamento para la Provisión de Puestos de Trabajo del PAS Funcionario de la UCO viene recogida la regulación de las Comisiones de Servicios en la Universidad de Córdoba, donde se especifica, entre otras cosas, que “Las comisiones de servicios para la provisión transitoria de puestos tendrán siempre carácter temporal” y que “El puesto de trabajo así cubierto temporalmente será incluido, en su caso, en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda”.

Pues bien, en la UCO las comisiones de servicios se eternizan hasta el punto de convertir algo temporal en algo casi perpetuo, pues la mayoría de éstas no se ofertan en las siguientes convocatorias de provisión de puestos, impidiendo de esta manera, el acceso a otras/os compañeras/os que deseen optar a las plazas convocadas.

En definitiva, CCOO y CSIF denuncian la falta de cumplimiento con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que cualquier administración pública debe de aplicar en todos sus procesos de provisión de puestos de trabajo, porque por mucho que les pese a los actuales dirigentes de esta institución, ésta sigue siendo una Universidad Pública.

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