Proceso selectivo TAS Conserjería
Las secciones sindicales de CSIF y CCOO en la Universidad de Córdoba ante las quejas recibidas por un número elevado de personal participante en el proceso de conserjería celebrado el pasado 5 de febrero se ven en la obligación de trasladárselas como presidenta del Tribunal examinador para que pueda hacer todas las averiguaciones que estimen oportunas y actúe en consecuencia.
Se nos ha trasladado la situación por la cual existe una relación familiar directa entre dos de las cuatro primeras personas que han superado el examen del pasado 5 de febrero con la mejor nota, y el responsable de la empresa encargada de la custodia de los exámenes de dicho proceso, habiéndose llevado a cabo esta custodia tanto antes de la realización como a posteriori.
Así mismo las otras dos personas que han superado el examen con la mejor nota tienen relación directa con un cargo del Servicio de Personal y con un significado y conocido representante del PAS.
Igualmente, se nos ha informado que en las aulas donde se desarrolló la prueba, se encontraba personal voluntario vigilando el desarrollo de este proceso con relación familiar con personal que se examinaba pudiendo haber tenido aquellos acceso a las preguntas con antelación al de los opositores.
Se adjunta documento.
Sin entrar en la veracidad o no de esta información, es mucha casualidad los hechos sucedidos y pedimos que todo sea investigado a fondo y de forma rigurosa al poner en tela de juicio los principios de igualdad y transparencia que deben regir cualquier proceso selectivo en el marco de una institución pública; igualmente si de estas actuaciones se derivan conclusiones que puedan conducir a pensar que hayan concurrido irregularidades, se tomen las medidas oportunas, a fin de evitar cualquier posible reclamación o impugnación que mermen la credibilidad de la Institución
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CSIF urge al Gobierno a dar una solución transitoria para 30.000 contratos de proyectos de investigación en peligro.
El Consejo de Ministros aprueba mañana la Reforma de la Ley de la Ciencia
El sindicato considera que la reforma de la Ley de la Ciencia es insuficiente y exige una financiación adecuada de las líneas y proyectos de investigación para garantizar la estabilidad laboral en la ciencia y que primen los contratos indefinidos frente a los fijos discontinuos
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el viernes 18 de febrero la Reforma de la Ley de la Ciencia. La ministra de Ciencia e Innovación ha anunciado que blindará por ley un aumento de la financiación, reducirá la precariedad y contratará 12.000 nuevos científicos en tres años.
El optimismo del Gobierno contrasta con la opinión compartida por CSIF de investigadores, científicos y expertos universitarios que resaltan los problemas reales y exigen soluciones más efectivas y sistémicas:
- Inversión real e incremento de la financiación para alcanzar pronto el 2,3% del PIB, que es la media de la UE.
- Fin de la precariedad, la inestabilidad y el abuso de la temporalidad. La investigación en España es una carrera de obstáculos sin garantías de estabilidad ni derechos laborales ni salarios dignos.
- Reducción de las trabas burocráticas y los obstáculos administrativos. Urge cambiar y simplificar la normativa sobre contratación y justificación de la actividad investigadora.
- Eliminar la tasa de reposición y modificar los sistemas de acreditación para atender al cada vez más necesario relevo generacional del colectivo investigador.
CSIF considera otras acciones necesarias y urgentes para fortalecer el sistema público de ciencia en Universidades y Organismos Públicos de Investigación:
- Solución a los contratos vinculados a proyectos de investigación ante la descoordinación entre la Reforma Laboral y la reforma de la Ley de la Ciencia. Hay que habilitar una figura de contratación indefinida hasta que entre en vigor el “contrato de actividades científico-técnicas”.
- Establecer salarios dignos y negociar y publicar un Estatuto del Personal de Investigación.
- Carrera profesional para el Personal Técnico y de Gestión.
- Mayor coordinación entre las diferentes convocatorias pre y postdoctorales y entre el Ministerio de Universidades y el de Ciencia e Innovación.
- Aprovechar los fondos Next Generation para reforzar el sistema de I+D+i
- Cambios normativos que reconozcan la experiencia internacional de nuestros investigadores. No se puede seguir penalizando la movilidad de los investigadores y dificultando la atracción de talento.
El TC tumba el decreto que integra las pensiones de Clases Pasivas en la Seguridad Social, atendiendo a las quejas de CSIF
El decreto aprobado por el Gobierno durante el confinamiento de manera sorpresiva ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas de funcionarios
El Tribunal Constitucional ha tumbado el Real Decreto Ley 15/2020 de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno aprovechó para integrar el régimen de Clases Pasivas a la Seguridad Social. CSIF se felicita de esta sentencia porque da la razón a los argumentos que desde el primer momento denunciamos.
El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa y el Partido Popular recurrió el decreto.
El Tribunal Constitucional ha dado la razón a los argumentos de CSIF ya que, como ha quedado recogido en la sentencia, el Gobierno hizo un mal uso del Real Decreto, ya que el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad. CSIF solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas. Según nos dijo, si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas “más adelante”.
Esta situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas. Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2019.
CSIF insiste en pedir que PDI, PAS y PI sean grupos prioritarios en la vacunación frente a la Covid-19
- Vacunados ya los trabajadores de la enseñanza no universitaria, nos encontramos indignados por la exclusión del personal universitario como grupo prioritario de inmunización.
- Consideramos que se trata de una política desnortada e incomprensible al dar clases presenciales y estar en contacto directo con la franja de edad que más contagios genera.
- La vacunación -sobre la que no hay previsión- reforzaría la actividad docente y administrativa, y aumentaría la seguridad en los campus.
Abuso de las Comisiones de Servicios en la Provisión de Puestos del PAS Funcionario en la Universidad de Córdoba.
- LA COMISIÓN DE SERVICIOS ES UNA FIGURA QUE SE HA VICIADO EN LA UCO
En la Universidad de Córdoba tenemos un serio problema con la provisión de puestos en el PAS Funcionario, ya que se eternizan los procesos selectivos para proveer las plazas vacantes de todos los niveles en los diferentes servicios, lo que provoca que se tenga que usar la figura a la que nos referimos, la de comisión de servicios y la adscripción temporal de funciones, para cubrir las necesidades que van surgiendo en los diferentes puestos relacionados en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo).
El problema surge cuando se abusa de dicha figura, en lugar de resolver los procesos selectivos “en un período de tiempo razonable”, además de utilizarse sin cumplir con la normativa que la regula.
A continuación se muestran algunos ejemplos claros de la contradicción entre lo que se especifica en dicha normativa y lo que se hace en la UCO.
El EBEP dispone que «en caso de urgente e inaplazable necesidad los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación»
Respecto a la convocatoria pública existe jurisprudencia, como en esta sentencia del Supremo, “cuando la causa que justifica la comisión de servicios es que haya una plaza vacante cuya cobertura es urgente e inaplazable, si como medida transitoria se acuerda cubrirla en comisión de servicios -obviamente voluntaria-, la comisión de servicios debe ofertarse mediante convocatoria pública y hacerlo, en su caso, dentro del plazo que prevea el ordenamiento funcionarial respectivo”.
En la UCO no se publica porque no se realiza ninguna convocatoria ni se da información ninguna al respecto. Se elige a una persona que Gerencia cree que es idónea (o no) para cubrir el puesto vacante y se le ofrece; en ocasiones es al contrario, es el/la trabajador/a la que solicita a Gerencia ocupar dicho puesto y ésta accede (o no). Todo ello sin consultar siquiera con la Junta de Personal, que no obtiene ninguna información de estos movimientos de personal ni contesta a los escritos requiriéndole información sobre los puestos ocupados con esta figura y las razones que lo justifiquen.
La exigencia de publicidad es coherente con el principio de igualdad en el acceso al desempeño de cargos y funciones públicas, para así evitar tratos preferentes en beneficio de la carrera profesional del funcionario comisionado.
En el Reglamento para la Provisión de Puestos de Trabajo del PAS Funcionario de la UCO viene recogida la regulación de las Comisiones de Servicios en la Universidad de Córdoba, donde se especifica, entre otras cosas, que “Las comisiones de servicios para la provisión transitoria de puestos tendrán siempre carácter temporal” y que “El puesto de trabajo así cubierto temporalmente será incluido, en su caso, en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda”.
Pues bien, en la UCO las comisiones de servicios se eternizan hasta el punto de convertir algo temporal en algo casi perpetuo, pues la mayoría de éstas no se ofertan en las siguientes convocatorias de provisión de puestos, impidiendo de esta manera, el acceso a otras/os compañeras/os que deseen optar a las plazas convocadas.
En definitiva, CCOO y CSIF denuncian la falta de cumplimiento con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que cualquier administración pública debe de aplicar en todos sus procesos de provisión de puestos de trabajo, porque por mucho que les pese a los actuales dirigentes de esta institución, ésta sigue siendo una Universidad Pública.
