Todos los años al acercarse el 6 de diciembre vemos como proliferan los actos que festejan el nacimiento de nuestra Constitución. En colegios, institutos, organismos oficiales, etc., se organizan todo tipo de actos y conferencias con la intención de conmemorar cada nuevo aniversario de la norma Fundante y con la loable finalidad de divulgar su conocimiento. Desde el punto de vista político, la Constitución es un documento importantísimo. La Constitución viene a ser, permítasenos la metáfora, el libro de instrucciones de la vida política; en ella se describe al Estado. Es el documento que contiene las reglas del juego político a las que debe de someterse el Estado. En ella se detallan y describen los más importantes órganos, se fijan sus poderes y competencias, se describe su forma de funcionamiento y se indican cuales son los derechos del ciudadano que el Estado no puede (no debiera) vulnerar. Por eso resulta tan importante que, como ocurre en los juegos, todos estemos de acuerdo en las "reglas que la componen", es decir, en los contenidos del texto constitucional. Además, cuando unas reglas (consensuadas en su generación) han servido y se han demostrado eficaces durante varias décadas de vida política, parece lógico pensar que cualquier enmienda que se proponga sólo deba prosperar (en su caso) si en la "voluntad de reforma" sigue prevaleciendo el consenso (tan habermasianamente demandado), de lo contrario, si en una Constitución se empiezan a abrir fisuras, producto de reformas no consensuadas (interesadas), lo lógico, como cuando dañamos la estructura de un edificio, es que la Constitución empiece a mostrarse frágil e incapaz de seguir siendo el elemento vertebrador de una comunidad política. No es aconsejable arriesgar los cimientos de la convivencia. Como bien saben arquitectos e ingenieros, (o como diría mi amigo Emilio, "el perito español") toda reforma que toca estructuras conviene hacerla muy cautelosamente.