Los alumnos del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios creado el pasado curso en la Facultad de Derecho de Córdoba se ponen de nuevo manos a la obra para trasladar su formación teórica a la puesta en práctica de soluciones contra el drama de los desahucios. Si el año pasado esta pionera apuesta educativa tuvo su reconocimiento y consiguió llevar hasta el Congreso de los Diputados once medidas legislativas contra los desahucios, en este curso, el reto del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios da un paso más y trabajará sobre las últimas novedades al respecto.
Su próximo objetivo será redactar un informe sobre la constitucionalidad de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, más conocida como Ley Antidesahucios, que el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente en enero tras admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra la norma del ejecutivo andaluz.
Ante ello, los estudiantes de 3º Grado de Derecho de la Universidad de Córdoba se pondrán manos a la obra en este segundo cuatrimestre del curso para redactar un informe sobre la constitucionalidad de la Ley Andaluza Antidesahucios, informe que a tu término harán llegar al Tribunal Constitucional.
Así, futuros jueces, fiscales y abogados que apenas rozan la veintena de años ahora trabajarán en el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios, impulsado por su profesor Antonio Manuel Rodríguez, mediante una dinámica basada en el estudio teórico legislativo de normas existentes que luego plasmarán de forma práctica en la elaboración de este nuevo informe.
Rodríguez explica a eldiario.es/andalucia cómo tras un primer estudio de los conceptos legales de propiedad, posesión, función social de la propiedad y derecho hipotecario, los alumnos del Laboratorio Jurídico se servirán de un rastreo sobre la legislación vigente y jurisprudencia anterior para llevar a cabo su trabajo. Y, específicamente, estudiarán un ejemplo precedente que les ayudará en su tarea: la Ley andaluza de Reforma Agraria de 1984 ante la que el PP interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional, reforma sobre la que éste dictaminó finalmente su constitucionalidad en marzo de 1987.
A juicio del profesor Antonio Manuel Rodríguez, “existen paralelismos” entre el caso de la Reforma Agraria y la Ley Andaluza Antidesahucios que se podrán aplicar en la elaboración del informe de constitucionalidad de la segunda.
Proposiciones no de ley
En este trabajo donde “los investigadores son los propios alumnos, ellos se ven parte de la solución y se consigue una mayor implicación en clase”, los jóvenes también van a desarrollar varias propuestas legislativas y proposiciones no de ley que harán llegar al Congreso de los Diputados.
Una de ellas se centrará en “reconfigurar jurídicamente el concepto de vivienda” para que ésta pase de ser meramente un bien a ser un derecho humano. “Es necesario romper esa dialéctica perversa entre la vivienda como derecho de propiedad pero no como un derecho humano”, explica Rodríguez.
Junto a esto, los alumnos trabajarán en una proposición relativa a la suspensión humanitaria de los desahucios, de manera que se incorpore a la legislación española que los jueces tengan la posibilidad de suspender lanzamientos de personas de sus casas por causas humanitarias, algo que, hasta ahora “se hace en casos excepcionales, al arbitrio de cada juez y siempre acudiendo al derecho internacional”.
Y finalmente, el Laboratorio Jurídico contra los Desahucios alumbrará una tercera propuesta para proteger a los avalistas -en especial a las personas de edad avanzada- sobre las que llega a recaer el peso de las deudas hipotecarias e incluso desahucios de sus casas ya pagadas. “Se trata de buscar una fórmula mediante la hipoteca inversa” que ya existe y que posibilita que se pierda la propiedad del inmueble a cambio de la percepción de una renta vitalicia. La solución pasa por aplicar esa fórmula sólo a la primera vivienda de la que son avalistas y no sobre su propia casa. Así, se conseguiría que los avalistas no pierdan su vivienda sino que se actúe sólo sobre la casa hipotecada.