La LOSU, para UGT un intento de mejora del sistema universitario que se queda corto

Las Cortes Generales han apostado, mediante la LOSU, por este nuevo sistema de Educación Superior. El texto se queda corto como base para la reforma integral que necesita el sistema universitario español. En UGT venimos defendiendo desde hace tiempo, que para alcanzar los objetivos de calidad, modernización e internacionalización de dicho sistema es necesario un gran “Pacto por la Universidad”, con representación de toda la comunidad universitaria, que dé una solución eficaz y eficiente a los problemas que presenta el sistema.

Sin embargo, la publicación de la Ley, a nuestro juicio, sólo responde a la obligación, impuesta por la UE, de “Reforma integral del sistema universitario”, ya que, al menos, en el caso de los aspectos que afectan a las condiciones laborales del personal de las universidades, no se ha producido ninguna forma de negociación.

Las Universidades, sobre todo en la última década, han recortado los derechos de sus trabajadores y trabajadores de forma brutal y además, han buscado mecanismos para abaratar los costes de personal, malversando la Ley y/o incumpliéndola, de modo que la precariedad resultante ha superado en mucho el problema creado por dichas tasas de reposición., y con esta Ley Orgánica se ha perdido la oportunidad de revertir esta situación.

Las Universidades se verán obligadas a reducir la temporalidad entre su personal al 8%, pero la exclusión de algunas de las figuras docentes e investigadoras de este cómputo, nos lleva a pensar, que en el caso de este colectivo, la tasa de temporalidad real se situará en torno al 20%.

No nos parece adecuada la configuración del sistema de acceso a la carrera profesional del profesorado, la eliminación de la figura del Ayudante y la escasez de ayudas predoctorales, que pueden dar lugar a que sólo aquellos privilegiados que puedan permitirse un doctorado, accedan a la misma.

NO vemos medias en la Ley para eliminar la contratación en precario, los mecanismos implantados, transitorios en su mayoría y la eliminación del requisito de acreditación para Ayudante Doctor, podría ser una solución, pero, al mismo tiempo, se crean un gran número de figuras de carácter temporal, que visto lo visto, podrían llegar a convertirse en las próximas figuras precarias. La experiencia nos hace preguntarnos si ¿Se cumplirá en todos sus términos o regresaremos a la actual precariedad en breve?

No compartimos las nuevas prerrogativas que se conceden a los rectorados, en la composición del Consejo de Gobierno y la posibilidad de contratación laboral eventual y el aumento de la participación del estudiantado en el gobierno de la universidad, que menoscaba la representación del personal de Administración y Servicios y del profesorado temporal.

Por otro lado, son muchos los temas que queda para desarrollo reglamentario, como la regulación de la conciliación de la vida profesional y personal, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las políticas para la igualdad de género, la atención a la inclusión y a la diversidad, aunque para estos últimos sí se establece algún mecanismo.

Valoramos otros aspectos contenidos en la Ley, como por ejemplo, el énfasis que la función docente, como pilar fundamental de la universidad pública, los sistemas de Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana, la instauración de las enseñanzas virtuales e híbridas, que podrán servir para que las personas trabajadoras puedan acceder a estudios superiores, compatibilizándolos con su actividad laboral, la regulación por primera vez, la situación del personal que se encuentra en los Centros Universitarios de la Defensa, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional; la obligación que se impone al propio Gobierno de regular el Estatuto del PDI, en el plazo de 6 meses y la regulación del profesorado tutor de la UNED en un año, y esperamos que para esto se constituya definitivamente la Mesa Sectorial de Universidades.

Por el contrario, se pierde la oportunidad en esta Ley de regular aspectos verdaderamente dañinos para el sistema, como la posibilidad de desburocratización de la actividad docente e investigadora, la eliminación de reintegro de las becas de los estudiantes, y la instauración de responsabilidades y/o sanciones en caso de incumplimiento de sus disposiciones.

Estaremos atentos a su desarrollo reglamentario y exigentes en la negociación del mismo, también a su implantación por las CC.AA.

Os adjuntamos un documento sobre las cuestiones que afectan directamente a las condiciones laborales del Personal de las Universidades.

Madrid, 9 de marzo de 2023