25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, con su campaña: Te escuchamos.

En España, la violencia de género se mantiene como un problema de primer orden por lo que el conjunto de la sociedad no debe bajar la guardia. Un total de 37 mujeres han sido asesinadas este año en nuestro país (hasta el 8 de noviembre) a manos de sus parejas o ex parejas, mientras que desde el 1 de enero de 2003 el número asciende a 1.167. Además, en el segundo trimestre de este año se realizaron 45.743 denuncias por violencia de género (un 12,33 por ciento más con respecto al segundo trimestre de 2021), sin olvidar a los niños y niñas que quedan huérfanos y los asesinados por violencia vicaria.
 
No debemos olvidar que esta violencia contra la mujer se produce en diversos ámbitos. Por ello desde CSIF exigimos también un refuerzo en la prevención y actuación en el ámbito laboral.
 
CSIF tiene habilitadas sus sedes sindicales de toda España como “Puntos Violeta” contra la violencia machista; una iniciativa que pretende poner cerco al maltratador y acercarnos a las mujeres víctimas, facilitando información y asesoramiento. Además, nuestros delegados/as sindicales continuarán velando en los centros de trabajo por la implementación de protocolos contra el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo.
 
Insistimos en nuestra propuesta, trasladada al Ministerio de Igualdad, de creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la Violencia de Género, para acompañar y asistir en el centro de trabajo, tanto en la administración pública como en la empresa privada, a las mujeres víctimas de violencia de género.
 
CSIF considera necesario aumentar los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes. Por este motivo, debemos reforzar la prevención y actuación en el ámbito laboral mediante la negociación e implantación de protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo (aún pendientes de poner en marcha en muchos centros de trabajo), programas de formación en toda la administración pública para el personal implicado en la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como la puesta en marcha de protocolos específicos de actuación ante situaciones de violencia de género en los centros sanitarios, entre otras medidas.
 
Las administraciones públicas deben jugar un papel fundamental desde sus diferentes ámbitos en la lucha contra este problema: la Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales... son la columna vertebral de nuestro sistema de protección y el engranaje de todas las medidas que contempla la Ley Integral. Por tanto, deben de estar dotadas de personal, medios y financiación suficientes si realmente queremos ser efectivos dando apoyo a las víctimas y poniendo cerco al maltratador.
 
En este sentido, desde CSIF reclamamos el desarrollo del III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, que lleva dos años de retraso, donde se contempla un procedimiento de actuación para que la Administración ofrezca asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que sufran violencia de género, así como la puesta en marcha del protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo.
 
El III Plan de Igualdad también contempla promover la movilidad para las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Sobre este punto, CSIF manifiesta su preocupación por la ausencia de datos, entendiendo que la violencia de género es una realidad que, seguramente, no se está abordando de manera efectiva desde nuestras administraciones por falta de medios y recursos.
 
En definitiva, CSIF reclama la inmediata puesta en marcha de las siguientes iniciativas:
  • Relanzar el Pacto de Estado contra la violencia de género y hacerlo permanente.
  • El desarrollo de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la Violencia de Género como parte de una nueva estrategia para detectar y ayudar dentro del ámbito laboral, tanto en el sector privado como en las administraciones públicas, posibles víctimas de violencia de género.
  • Puesta en marcha de programas específicos en toda la administración pública en materia de formación en asistencia a las víctimas y especialización en los perfiles.
  • Implementar protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo en todos los centros de trabajo.
  • Aplicar un Protocolo de Movilidad para mujeres víctimas de violencia de género, sin menoscabo de sueldo y promoción profesional en todas las administraciones públicas, así como incorporar a la estadística nacional los datos de movilidad.
  • Impulsar la negociación de los convenios colectivos y planes de igualdad para el desarrollo de los derechos laborales de las víctimas de violencia machista.
CSIF hace un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas para que dejen a un lado sus enfrentamientos partidistas y trabajen de manera conjunta y coordinada para alcanzar un consenso en la lucha contra la violencia de género.
 
Detener la violencia machista, avanzar hacia una sociedad libre de esta lacra, eliminar de la vida cotidiana expresiones y actitudes que atentan contra la mujer por el hecho de serlo, acabar con los roles que perpetúan la discriminación y la cosificación de las mujeres es una responsabilidad del conjunto de la sociedad.
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CSIF traslada una queja a Sánchez por el bloqueo en la negociación salarial y la falta de eficacia de sus medidas económicas.

El Gobierno nos aboca a la movilización: El próximo 24 de septiembre miles de trabajadores de toda España acudirán a Madrid a la primera gran manifestación sindical contra este Gobierno #24sMovilízate

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado una queja formal en el Palacio de la Moncloa, dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la falta de eficacia de las medidas económicas y el bloqueo en la negociación salarial.

A lo largo de los últimos meses, CSIF ha presentado diferentes solicitudes para que se inicie esta negociación, debido a la crisis económica y la evolución de los precios, pero el departamento de María Jesús Montero se mantiene en silencio. CSIF considera que el Gobierno debe dar ejemplo a la CEOE e iniciar una negociación que marque la senda y sirva de referente para los convenios en el sector privado.

En la queja, CSIF traslada su malestar por el silencio recibido por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública a las reiteradas peticiones de reunión y a la situación de bloqueo en la negociación colectiva.

CSIF considera que el silencio de Hacienda es algo insólito y una desconsideración al colectivo de empleadas y empleados públicos. Además, la carta le recuerda al presidente del Gobierno que la Constitución establece que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deben presentarse en el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, por lo que a Hacienda le quedan menos de dos semanas para activar y cerrar la negociación colectiva.

A las/os ciudadanos se les está acabando la paciencia. Por este motivo, CSIF ha convocado una manifestación en Madrid el próximo 24 de septiembre en lo que será la primera gran movilización sindical contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y la calidad de los servicios públicos.

Sobre la Convocatoria de 62 plazas de Ayudante Doctor

El 28/06/2022 se ha publicado en el BOJA la convocatoria de 62 plazas de PAD para diferentes áreas de conocimiento de la UCO. Ha tenido que haber un error en la convocatoria en cuanto a la reserva de plazas para personas con discapacidad en esta oferta de empleo público, que esperamos que próximamente se corrija. Todas las ofertas de empleo público de esta Universidad, incluidas las dirigidas al PDI, deben de cumplir con las disposiciones legales que obligan a las Administraciones públicas a reservar un determinado porcentaje de plazas en sus ofertas de empleo público, en favor de dichas personas.

En los últimos años, se ha desarrollado un marco normativo que ha supuesto un considerable avance para garantizar que las personas con discapacidad tengan cubierto su derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación como personal de las Administraciones públicas, entre el que se incluye el PDI con discapacidad de las Universidades, que precisan de medidas de acción positiva adicionales para su efectividad.

Los datos evidencian que el PDI con discapacidad supone en las universidades públicas españolas un porcentaje muy bajo, el 0,6%, alejado del objetivo que establecen las leyes garantizadoras del derecho a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Publicado hoy en el BOE, os lo adjuntamos íntegro y extractamos lo más interesante: Se introduce un nuevo artículo 23 bis en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que queda redactado de la manera siguiente: «Artículo 23 bis. Contrato de actividades científico-técnicas.

1. El objeto de los contratos de actividades científico-técnicas será la realización de actividades vinculadas a líneas de investigación o de servicios científico-técnicos, incluyendo la gestión científico-técnica de estas líneas que se definen como un conjunto de conocimientos, inquietudes, productos y proyectos, construidos de manera sistemática alrededor de un eje temático en el que confluyan actividades realizadas por uno o más grupos de investigación y requerirá su desarrollo siguiendo las pautas metodológicas adecuadas en forma de proyectos de I+D+I.

2. Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, no formarán parte de la Oferta de Empleo Público ni de los instrumentos similares de gestión de las necesidades de personal a que se refiere el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ni su convocatoria estará limitada por la masa salarial del personal laboral. Para su celebración se exigirán los siguientes requisitos: a) El contrato se podrá celebrar con personal con título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Grado, Máster Universitario, Técnico/a Superior o Técnico/a, o con personal investigador con título de Doctor o Doctora. b) Los procedimientos de selección del personal laboral previsto en este artículo se regirán en todo caso a través de convocatorias públicas en las que se garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia.

3. En todo caso, cuando los contratos estén vinculados a financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva en su totalidad, no requerirán del trámite de autorización previa.

4. En lo no previsto en este artículo, con especial referencia a sus derechos y obligaciones, serán de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, correspondiendo al personal contratado la indemnización que resulte procedente tras la finalización de la relación laboral.» Dos. Se introduce un nuevo artículo 32 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 32 bis. Contratos para la realización de proyectos y para la ejecución de planes y programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación. Las universidades públicas podrán contratar personal técnico de apoyo a la investigación y a la transferencia de conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 bis de esta Ley

NOTA: Se adjunta RD.

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El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto que crea un contrato indefinido para investigadores.

Se atiende la demanda de CSIF y el Gobierno ha aprobado este martes una nueva modalidad de contrato laboral indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas

Mientras otros callaban, CSIF viene denunciando desde hace tiempo que la reforma laboral había sumido en una total incertidumbre e inestabilidad a los investigadores y científicos cuyo trabajo está vinculado a proyectos de investigación que tienen una duración y financiación determinada. Solo en universidades se calculaba que podrían verse penalizados más de 25.000 investigadores.

La nueva modalidad contractual -que sustituye a los contratos de obra y servicio- se crea bajo la denominación de contrato indefinido de actividades científico-técnicas, estará vinculado a líneas de investigación y afectará principalmente en Universidades, Organismos Públicos de Investigación, centros vinculados el Sistema Nacional de Salud, consorcios y fundaciones de investigación.

Otras características del nuevo contrato indefinido son: no estará sujeto a las tasas de reposición ni a los límites de las ofertas públicas de empleo y tampoco estarán limitados por la masa salarial del personal laboral. Por otro lado, ganarán en agilidad al no requerir el trámite de autorización previa en el caso de que los contratos estén vinculados a financiación externa o procedan de convocatorias en concurrencia competitiva. En caso de que el grupo de investigación continúe con financiación, los contratos se podrán prorrogar sin necesidad de una nueva contratación.

El nuevo modelo de contratación podría beneficiar a unos 150.000 investigadores, personal técnico y de gestión.

En espera de conocer el texto íntegro del Real Decreto, CSIF celebra que se haya atendido su demanda de mejorar la estabilidad de los investigadores, creando con urgencia un contrato indefinido mientras se aprueba la reforma de la Ley de la Ciencia para no seguir bloqueando las contrataciones en Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs).

No obstante, el sindicato insiste en la necesidad inaplazable de incrementar en España la financiación pública en investigación para pasar del 1,4% del PIB al 2,3% de la Unión Europea. Volvemos a pedir una financiación adecuada de las líneas y proyectos de investigación para garantizar la estabilidad laboral en la ciencia y que primen los contratos indefinidos.

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