Miércoles, 03 de Mayo de 2006 13:42

Presentado el Informe CYD 2005 sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo.

G.C. - C.M.
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El impacto económico de las universidades, la percepción empresarial de la universidad como motor económico, la transparencia y evolución de la actividad universitaria, junto a otras cuestiones relacionadas con la enseñanza superior y el capital humano, el empleo de los universitarios los recursos y resultados de la investigación en las universidades, la transferencia de la tecnología a las empresas y los retos que supone la implantación del espacio europeo de Educación Superior han sido algunas de las materias debatidas esta mañana en el Salón de Columnas de la Universidad de Córdoba con ocasión de la presentación del informe CyD2005 sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo, organizada por el Consejo Social.

El acto se inició con una presentación por parte del rector, Eugenio Domínguez, la presidenta del Consejo Social de la UCO, Anabel Carrillo, el director general de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, el vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Santacana y Enrique Aguilar, vicerrector de Política Científica. A continuación el cordinador general del informe, Martí Parellada, comentó alguno de los aspectos más destacados del mismo. Entre ellos cómo para el conjunto de la economia española, y con datos del 2002, la demanda relacionada con las universidades públicas ha dado lugar a un aumento total del VAB de 4.425 millones de euros y a un impacto, en términos de empleo, de 118.229 ocupados, lo que representa un 0,7% tanto del VAB como de la ocupación, del conjunto de la economia española de ese año.Entre las regiones con más densidad de estudiantes por habitante, además de Madrid, destacan Castilla-León ( 26,4) y Andalucía ( 29,9).

Un dato significativo es que un importante porcentaje de empresas creen que la universidad no actúa como motor de desarrollo y que no dispone de la organización adecuada para ello. Entre el 81 y el 83 % nunca han recurrido al Universidad para llevar a cabo proyectos de investigación, ni para contratar servicios científico-técnicos o análisis y dictámenes. En concreto la universidad sólo ocupa el noveno lugar en una lista de diez posibles proveedores de formación. Sin embargo las empresas si creen, unánimemente, que las universidades debieran promover actitudes emprendedoras, favorecer la creación de empresas de base tecnológica y potenciar la estancia de profesores en las empresas y de investigadores de las empresas en las universidades.

Ademas del descenso en el número de estudiantes universitarios el informe constata también que más de las tres cuartas partes de los matriculados lo están en ciencias sociales y jurídicas o en enseñanzas técnicas con una tendencia decreciente en las primeras y creciente en las segundas, también crece la matrícula en los estudios de ciclo corto. Otros aspectos considerados son la reducida tasa de graduación, la reducida movilidad geográfica ( sólo un 8,3 de estudiantes realizan sus estudios fuera en una región diferente a la de su residencia familiar) y los desajustes territoriales y por titulación.

Pese al incremento de graduados universitarios durante los últimos años la proporción de población entre 24 y 64 años con formación superior en España (un 24% en 2002) sigue siendo inferior a la de paises como Canadá (43%) EEUU y Japón ( entre el 38 y el 36%) o Suecia, Finlandia y Noruega ( entre el 31 y el 33%), aunque sea un punto superior a la de la OCDE. En el 2004 más del 80% de los titulados universitarios son activos y el 75% están ocupados.

En materia de investigación el gasto en I+D de las Universidades españolas es el 30,3% del total del gasto en I+D español de 2003 y es el sector en el que se ha producido un mayor aumento durante el periodo 2001-03. El volumen de publicaciones científicas españolas se ha situado en el 2,8 de la producción muer caso se considera que la investigación universitaria se realiza con cierta precariedad mientras que el peso de los gastos universitarios en I+D, respecto al total regiona, se acentúa en algunas comunidades como Extremadura y Baleares. Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran el 65% del gasto de I+D universitario.

La ultima información disponible recogida por el informe señala que la financiación empresarial de la I+D universitaria, indicadora del grado de respuesta de la investigación de las universidades a las necesidades del tejido productivo, ha seguido una tendencia decreciente en el periodo 2002-03, tanto en términos absolutos como relativos.

El informe se cierra con una serie de propuestas para la reforma de la universidad española en el marco europeo, citando, entre otras dificultades para ello, el reducido porcentaje de población que ha finalizado estudios superiores, el bajo gasto en I+D, la baja ratio de investigadores por cada 1000 asalariados, la escasa presencia de universidades europeas entre las cincuenta mejores del mundo, la excesiva reglamentación de la vida académica etc.... Frente a estas dificultades se señalan ocho líneas estratégicas de actuación. Asi, crear un marco legal coherente con los objetivos de excelencia en la investigación y la docencia y de compromiso con el entorno, establecimiento de un sistema de gobierno capaz de poner en práctica las estrategias y acciones que permitan responder a los objetivos, asumir niveles de autonomía que mejoren los resultados, organizarse de acuerdo con sus fines y recursos, extender la cultura de la evaluación y de la calidad, poner a disposición de las universidades los necesarios recursos materiales y humanos y establecer un efectivo sistema de acreditación y certificación.

La reunión finalizó con un debate, moderado por Manuel Pimentel, en el que intervinieron Jacinto Cañete, director general de Investigación de la Junta, José Guerra, director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Enrique Aguilar, vicerrector de Política Científica de la UCO, Francisco Barrionuevo, presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, Eduardo Villaseca, director general de la Corporación Empresarial de la UCO y los periodistas Maria Olmo ( Córdoba), Francisco Poyato (ABC) y Laura Mármol ( El Día de Córdoba)