Los profesores funcionarios son un activo para la universidad, nunca un problema
El “caso máster” ha abierto la veda contra la universidad y sus gentes. Los profesores funcionarios han sido la última víctima de un linchamiento espurio y malintencionado. Se les acusa de desincentivar la labor académica, de influir en el descenso de la productividad en los laboratorios, de no innovar, de ser una barrera para la internacionalización, etc.
Los agoreros del sistema universitario español nunca piensan que los profesores funcionarios conforman una plantilla cada vez más reducida, desincentivada, que lleva años sufriendo tremendos recortes, enfrentada a diario con enormes trabas burocráticas y con una absoluta falta de financiación para sus proyectos de I+D. Sí que conocen, aunque lo obvian, que los profesores funcionarios realizan una labor docente de calidad formando a magníficos profesionales , que son garantía de libertad de cátedra y que realizan cerca del 80% de la investigación española, imprescindible para la sociedad y la economía del conocimiento.
Estos curiosos adalides de crear figuras docentes universitarias inestables y temporales siempre buscan excusas en los rankings y en la imposibilidad de contratar científicos excepcionales. ¿De dónde piensan sacar la financiación si en muchas universidades no hay ni para Capítulo 1? ¿Saben que frente a Europa seguimos reduciendo año tras año la financiación pública en educación? ¿Van a incidir en un sistema universitario más caro y desigual o, tal vez, buscan el desarrollo de universidades privadas en detrimento de las públicas?
Los que de manera ofensiva critican la necesaria estabilidad del profesor funcionario, también propugnan modelos como el catalán que -siempre olvidan resaltar- ha incrementado la precariedad laboral de manera exponencial a la vez que ha llenado las Facultades y Escuelas de los llamados “falsos asociados” con unas miserables condiciones laborales y retributivas.
Desde CSIF creemos que la Universidad, sus docentes e investigadores y, en concreto los profesores universitarios funcionarios, son un activo para la mejora de las condiciones sociales y económicas de nuestros ciudadanos, nunca un problema. Llevan a cabo la tarea primordial de la educación superior, la investigación y la transferencia de conocimiento por lo que se convierten para la sociedad en una cuestión estructural que exige garantías de estabilidad laboral, financiera y regulatoria.
En definitiva, frente a la arbitrariedad, la precariedad y el abuso en las relaciones laborales, seguiremos apostando por la estabilidad y los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
