Sexenio de Transferencia y EPIF
1º) Habrá convocatoria inminente de “Sexenio de Transferencia”
- Prueba piloto que quiere incentivar y premiar al PDI que realice transferencia de conocimiento
- La convocatoria está próxima y lo podrán solicitar investigadores y profesores que tengan reconocido un Sexenio de Investigación
CSIF asistió ayer a la presentación del informe “Transferencia del Conocimiento. Nuevo modelo para su prestigio e impulso” en el que la Secretaria de Estado, Ángeles Heras, anunció haber firmado la convocatoria del primer Sexenio de Transferencia que se publicará en próximas fechas.
Se considerarán una serie de indicadores individuales agrupados en cuatro bloques: transferir a través de la formación de personas, transferir a través de actividades con otras instituciones, transferir generando riqueza económica y transferir generando valor social.
2º) CSIF denuncia que los investigadores en formación no tendrán derecho a indemnización al finalizar su contrato
El último redactado del RD del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) fue presentado el pasado 6 de noviembre en el Consejo de Política Científica y Tecnológica y ya ha sido enviado también al Consejo de Estado, último trámite antes de su publicación.
CSIF denuncia que el Gobierno tiene previsto dejar al personal investigador en formación sin indemnización al finalizar su contrato, cuando esta era una de las reivindicaciones más importantes de las organizaciones sindicales representantes del colectivo. Además, también se les quiere dejar sin inclusión y reconocimiento en los convenios colectivos de las Universidades y de los Organismos Públicos de Investigación (OPI’s).
El sindicato lamenta que el Ejecutivo incumpla tanto las promesas trasladadas a este colectivo a lo largo de los últimos meses para su seguridad laboral como el acuerdo y los compromisos suscritos públicamente con Unidos Podemos.
Así lo asegura CSIF tras mantener una reunión con responsables del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre el último borrador del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que ha enviado a Función Pública y al Consejo de Estado para su aprobación, previsiblemente, antes de final de año. Aquí informaron de la reducción de las tareas docentes asumibles por el predoctoral a un máximo de 180 horas voluntarias.
CSIF sostiene que el acuerdo del Gobierno con la formación 'morada' contemplaba algunos aspectos ya acordados en mesa con el anterior Gobierno en sendas reuniones entre julio de 2017 y abril de 2018 y otros novedosos y siempre demandados por CSIF como la indemnización al final del contrato y el reconocimiento en los convenios colectivos de sus instituciones conforme a su formación y excelencia.
No obstante, el sindicato destaca la voluntad del Ejecutivo de garantizar un salario mínimo de 16.422 euros anuales, según modelo de las convocatorias FPI-MINECO, así como el derecho a beneficiarse de los incrementos salariales que afecten a los empleados públicos laborales del Grupo 1 del Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE).
Desde hace meses, CSIF ha intensificado la interlocución con el Gobierno para que desarrolle un Estatuto del Personal Investigador en Formación que acabe con la precariedad laboral de este colectivo que asciende a unas 10.000 personas que trabajan en Universidades y Organismos Públicos de Investigación (CSIC, CIEMAT, IGME, etc.).
El sindicato denuncia que se trata de jóvenes que trabajan desarrollando su tesis doctoral en universidades y OPI con contratos con una duración máxima de 4 años, una jornada laboral de 37 horas semanales y un sueldo por debajo de los 900 euros brutos mensuales. Hasta ahora, estos trabajadores no tienen la posibilidad de percibir los incrementos que sí se aplican al resto de empleados públicos, ni cobrar complementos por las horas de docencia que asumen después de superar un concurso público de méritos.
Además, las universidades abusan de estos jóvenes investigadores para cubrir horas de docencia y por tanto la falta de personal en las aulas. CSIF recuerda que hace más de un año el Gobierno ya penalizó a este colectivo, restringiéndole derechos como el acceso a la tarjeta sanitaria europea o la indemnización por finalización del contrato, sin previo aviso y con carácter retroactivo.
