CSIF pide acabar con la precariedad de los Investigadores Predoctorales y regular su situación conforme a la Ley de la Ciencia.
El nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación que se está negociando con el Ministerio de Economía debe recoger la creación de un código específico, posibilitar la indemnización por finalización de contratos y conseguir la equiparación salarial. El documento saldría mutilado si no define el número máximo de horas de docencia y no recoge explícitamente su consideración como trabajadores y no como becarios.
El progresivo derrumbamiento del sistema de ciencia e investigación en España al que estamos asistiendo en los últimos tiempos tiene consecuencias especialmente negativas en los investigadores predoctorales, uno de los colectivos con mayores índices de precariedad laboral que realizan su tesis doctoral en Universidades y Organismos Públicos de Investigación (CSIC, CIEMAT, IGME, INIA, Instituto de Salud Carlos III, etc.) y que deben pasar por un exigente proceso de selección en el que se tienen en cuenta tanto sus méritos académicos como su experiencia previa como investigadores.
Existen hoy en día alrededor de 10.000 trabajadores contratados mediante esta figura. Los Investigadores predoctorales han vivido momentos de gran tensión después de que a comienzos de 2017 el código de sus contratos fuera modificado sin previo aviso, cercenando algunos de los derechos laborales con los que contaban (por ejemplo, el acceso a la tarjeta sanitaria europea o la indemnización a la finalización del contrato). Esta modificación afectó a todos los investigadores contratados a partir del año 2014, ya que los cambios fueron aplicados con carácter retroactivo.
Finalmente, tras las movilizaciones emprendidas desde el colectivo y desde las acciones de denuncia desarrolladas por CSIF, la situación se solucionó revirtiendo los cambios y retornando a la situación anterior. Estos hechos revelaron la inestabilidad de su situación y demostraron la ausencia de medidas de protección de estos empleados del sector público cuya categoría profesional quedó definida con la “Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” de 2011.
Para CSIF, la falta de regulación aparece como el principal obstáculo para la defensa del colectivo. El problema viene de lejos: el Gobierno debía tener listo un nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), imprescindible para definir y regular la figura definida en la citada Ley de Ciencia y actualizar el obsoleto EPIF de 2006, para el año 2013. Sin embargo, a pesar de que existieron propuestas, nunca se llegó a aprobar este nuevo reglamento.
Después de los últimos acontecimientos, el Congreso de los Diputados terminó instando al Gobierno a redactar el nuevo EPIF el pasado mes de marzo con el fin de evitar que se repitieran situaciones similares. Desde entonces, las acciones de CSIF se han encaminado a conseguir plasmar en el nuevo estatuto todas las reivindicaciones sobre derechos laborales de los investigadores predoctorales.
En primer lugar, desde CSIF proponemos la creación de un código específico que se adecúe a la definición de “investigador predoctoral” establecida en la “Ley de Ciencia”, evitando cualquier consideración como contrato formativo, poco adecuada a la realidad del mismo. De esta forma, quedaría garantizado el acceso a derechos básicos como la obtención de la Tarjeta Sanitaria Europea y quedaría abierta la puerta a una posible indemnización por finalización de contrato. Consideramos necesario también definir el número máximo de horas de docencia que puede asumir el contratado predoctoral según los criterios establecidos por ANECA para la acreditación del nivel de Doctor, fijándolo en 180 horas.
La equiparación salarial mediante el establecimiento de un mínimo común que garantice la igualdad entre convocatorias es otro de los objetivos que perseguimos desde el sindicato. Actualmente, existe una brecha casi insalvable entre las convocatorias para la contratación de investigadores predoctorales de las Comunidades Autónomas, el MINECO y el MECD, en la que encontramos trabajadores que perciben menos de 900 euros netos al mes sin la posibilidad de contar con ingresos complementarios ante la estricta definición de incompatibilidades en las convocatorias mediante las que fueron contratados.
Trabajadores, no becarios. Una de las reivindicaciones del colectivo de investigadores predoctorales que más repercusión está teniendo a nivel público tiene que ver con la consideración de estos miembros del sistema de ciencia como trabajadores, no como becarios. Efectivamente, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, propició un cambio fundamental en la consideración del Personal Investigador en Formación. En el Artículo 21, apartado b, de la citada ley se definió como “trabajadores” a todos aquellos doctorandos que fueran contratados por una Universidad Pública u Organismo de Investigación dependiente de una unidad investigadora a través de la modalidad contractual de “contrato predoctoral”.
Esta fórmula suponía un cambio evidente respecto a la relación entre investigador y entidad contratante que establecía el RD 63/2006, según el cual el primero disfrutaría de 24 meses “de beca” y, a su finalización, 24 meses como personal contratado en prácticas. En otras palabras, se hablaba de “becarios de investigación” y no de trabajadores contratados como PIF.
Debido a los retratos provocados por la prórroga del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos, perteneciente a la Línea instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, la primera convocatoria publicada desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la que se aplicaron las definiciones establecidas por la “Ley de Ciencia” fue la de Contratos FPU del 2013 (BOE, 18 de noviembre de 2013), y se aplicaría en el resto de convocatoria públicas destinadas a la contratación para la formación del personal investigador a partir del mismo año. Sin embargo, es común en el ámbito académico hablar sobre “becarios”, lo que desdibuja la realidad sobre los investigadores predoctorales y hace más difícil que su situación dentro del propio sistema de ciencia.
